La empresa estatal de petróleo ha implementado un nuevo requisito que exige a los compradores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) presentar certificados de ciudadanía o documentos nacionales de identidad. La medida, según la compañía, es una prueba inicial destinada a evitar el acaparamiento del combustible en momentos de escasez. Esta política ha provocado reacciones negativas y críticas de diversos sectores de la población. Los opositores argumentan que el requisito es engorroso, discriminatorio y podría dificultar el acceso al GLP para quienes más lo necesitan. La empresa defiende la medida como una herramienta temporal para garantizar una distribución más equitativa durante las fluctuaciones en el suministro. Se espera que el gobierno evalúe los resultados de esta prueba piloto para determinar si se mantiene o se modifica la política. La situación refleja la creciente preocupación por la seguridad energética y la gestión de recursos en el país.