El gabinete ha revertido una política implementada por el gobierno de Sushila Karki tras el movimiento Gen Z, permitiendo nuevamente que los legisladores federales designen secretarios personales. Esta decisión pone fin a años de restricción en la asignación de estos asistentes. La política original fue introducida en respuesta a las demandas de transparencia y rendición de cuentas que surgieron con el movimiento juvenil. El restablecimiento de los secretarios personales ha generado debate sobre el uso de recursos públicos y la posible influencia de estos asesores. Se argumenta que los legisladores necesitan apoyo administrativo para cumplir eficazmente con sus funciones. Sin embargo, críticos temen que esto pueda abrir la puerta a prácticas clientelistas y corrupción. La medida marca un cambio significativo en la dinámica política del país.