El juez de la Corte Suprema, Simon Peter Kinobe, dictaminó que el Jefe de las Fuerzas de Defensa, el general Muhoozi Kainerugaba, no interfirió con el juicio por traición del Dr. Kizza Besigye y su coacusado Obeid Lutale. Esta decisión surge tras una petición presentada por Besigye y Lutale, relacionada con la deportación de su abogada, Martha Karua, el 22 de junio de 2026. La corte consideró que no existieron acciones por parte de Kainerugaba que comprometieran la imparcialidad del proceso legal. El fallo desestima las alegaciones de interferencia directa en el caso. El juicio de Besigye y Lutale continúa su curso normal. La sentencia reafirma la independencia del poder judicial en este caso específico. Este dictamen podría tener implicaciones importantes para la percepción pública de la influencia militar en el sistema legal.