Cerca del 80% de la población mozambiqueña enfrenta dificultades para costear las tarifas estándar de telefonía móvil, según la Agencia Reguladora de la Competencia. Esta situación ha reavivado el debate sobre la eliminación de las tarifas mínimas, dos años después de la controversia generada por la supresión de los paquetes ilimitados. La agencia reguladora propone establecer tarifas máximas para evitar prácticas predatorias y garantizar la accesibilidad. Los operadores, por su parte, defienden las tarifas mínimas, argumentando que protegen la competencia y la libertad comercial, y que existen mecanismos para asegurar el acceso universal. Además, se ha alertado sobre la necesidad de combatir la publicidad engañosa en el sector. El Instituto Nacional de las Comunicaciones, el regulador del sector, insiste en que las tarifas mínimas son beneficiosas, mientras que la agencia de la competencia enfatiza su impacto negativo en el poder adquisitivo de la mayoría de la población. Se busca un equilibrio entre la protección del consumidor, la viabilidad de las operadoras y la transparencia en la información de precios.