Un tribunal de Moscú ha transferido 123 propiedades pertenecientes a los Testigos de Jehová al estado ruso. Esta decisión se produce después de que un fallo judicial de 2017 prohibiera a los Testigos de Jehová en Rusia, calificándolos de "organización extremista". La confiscación de estos bienes representa una escalada en la represión contra el grupo religioso en el país. En 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la prohibición inicial era ilegal. A pesar de esta sentencia, las autoridades rusas han procedido con la expropiación de las propiedades. Esta acción genera preocupación sobre la protección de los derechos religiosos y la independencia judicial en Rusia. Se desconoce el destino final de las propiedades confiscadas, pero se espera que sean utilizadas por el estado.