Un plan impulsado por el diputado Joaquín Quiroz facilitó la aprobación de un lucrativo negocio minero de su hermano, a pesar de un informe desfavorable del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). La iniciativa, destinada a reducir la “permisología”, aparentemente allanó el camino para la aprobación del proyecto, generando sospechas de conflicto de intereses. El Sernageomin había señalado riesgos técnicos en la operación, pero estas advertencias fueron ignoradas. La situación ha levantado interrogantes sobre la transparencia y las influencias en los procesos de aprobación de permisos mineros en Chile. Investigaciones periodísticas revelan cómo se priorizó el beneficio familiar sobre las consideraciones técnicas y ambientales. Este caso podría desatar un debate sobre la necesidad de fortalecer los controles y la fiscalización en la concesión de permisos relacionados con la minería. La aprobación del negocio involucra importantes sumas de dinero y pone en tela de juicio la integridad del proceso.