Malasia ha comenzado a devolver a aproximadamente 1,500 refugiados Rohingya en una primera fase, a pesar de las advertencias sobre su seguridad. Esta decisión ha provocado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes expresan preocupación por las condiciones que enfrentarán al regresar. El gobierno de Malasia ha mantenido su postura, argumentando la necesidad de gestionar la situación de los refugiados. Se desconoce el destino final de los Rohingya repatriados y las garantías de protección que tendrán una vez que abandonen Malasia. Las organizaciones de derechos humanos instan a una revisión de esta política, priorizando la seguridad y el bienestar de los refugiados. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta situación en Malasia.