La ley francesa de 1976 sobre la protección de la naturaleza supuso una revolución legal, estableciendo por primera vez un marco general para la defensa del medio ambiente en el país. Esta legislación introdujo las evaluaciones de impacto ambiental, obligando a los promotores a considerar las consecuencias ambientales de sus proyectos. A pesar de este avance, la ley presenta una contradicción notable: mientras reconoce al animal como un “ser sensible” a través del artículo L214, excluye explícitamente a los animales de granja de esta protección. Esto ha generado críticas sobre la falta de consideración del bienestar animal en el contexto de la agricultura intensiva. La ley marcó un hito en la legislación ambiental francesa, pero dejó un vacío importante en cuanto a los derechos y protección de los animales criados para consumo. Esta omisión sigue siendo un debate relevante en la actualidad.