Jóvenes que incurran en agresiones físicas o difusión de contenido íntimo sin consentimiento podrían enfrentar consecuencias legales más severas. La legislación actual contempla medidas cautelares y el cambio de establecimiento educativo como primeras opciones. Sin embargo, en casos de agresiones reiteradas o de especial gravedad, se considera el internamiento en un centro penal como una posibilidad. Esta medida busca proteger a las víctimas y disuadir comportamientos violentos entre menores. Las autoridades enfatizan la necesidad de abordar el bullying y las agresiones digitales de manera integral. Se busca un equilibrio entre la protección de los derechos del agresor y la seguridad de la comunidad educativa. La aplicación de estas medidas dependerá de la evaluación individual de cada caso.