Las leyes de justicia juvenil abordan la responsabilidad penal de los menores acusados de delitos, diferenciándola de la de los adultos. La edad mínima para imputar penalmente varía según la jurisdicción, existiendo en muchos lugares un límite inferior que establece la presunción de inocencia absoluta. Cuando un menor comete un delito, el sistema judicial suele priorizar la rehabilitación y la protección, en lugar del castigo punitivo. Los procesos judiciales para menores suelen ser confidenciales y distintos a los de los adultos, enfocándose en la reinserción social y educativa. Las medidas aplicables incluyen programas de orientación, servicios comunitarios y, en casos graves, internamiento en centros especializados. La determinación de la responsabilidad y las consecuencias legales dependen de factores como la edad del menor, la gravedad del delito y su historial.