El Ministerio de Justicia está solicitando una evaluación legal alternativa de la Ley Anticorrupción, con un costo de 15.000€, a expertos externos. Esta medida busca una mayor claridad legal en la aplicación de la ley. El ministerio reconoce que han surgido problemas legales durante su implementación. La revisión se centra en identificar posibles ambigüedades o inconsistencias en la legislación vigente. Se espera que el análisis proporcione recomendaciones para mejorar la eficacia y precisión de la ley. Esta iniciativa responde a la necesidad de fortalecer el marco legal anticorrupción y facilitar su cumplimiento. El objetivo final es asegurar una correcta interpretación y aplicación de la ley.