Un juez federal dictaminó el viernes que las leyes utilizadas por la administración Trump para cancelar visas e iniciar procesos de deportación contra estudiantes universitarios extranjeros por su activismo pro-Palestina y críticas a Israel son inconstitucionales. La decisión supone un revés para los esfuerzos de la administración anterior de restringir la entrada a Estados Unidos de personas con puntos de vista críticos hacia el gobierno israelí. El juez determinó que las leyes violan la libertad de expresión, protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Este fallo podría afectar a otros casos similares y limitar la capacidad del gobierno para deportar a individuos basándose en sus opiniones políticas. La sentencia representa una victoria para las organizaciones de defensa de los derechos civiles que han desafiado las políticas de inmigración de la era Trump. Se espera que el gobierno actual presente apelación.