Una jueza judicial, Asmah Musa, dictaminó que los tribunales no son el lugar adecuado para cuestionar la discrecionalidad del fiscal general en la decisión de llevar a cabo una acusación. La jueza determinó que los individuos no pueden utilizar demandas civiles para disputar estas decisiones. Esta decisión establece un precedente sobre los límites de la revisión judicial en asuntos de enjuiciamiento penal. La sentencia implica que el poder de decidir si se presenta o no un caso recae exclusivamente en el fiscal general. Se busca evitar que los tribunales se conviertan en un foro para impugnar las estrategias y decisiones del Ministerio Público. La decisión podría tener implicaciones significativas para futuros casos donde se busque desafiar las acciones del fiscal general a través de acciones legales civiles.