Una juez de Ceuta solicitó explícitamente a la Policía que no compartiera un informe que ella misma había encargado, generando tensión con el poder ejecutivo. La jueza Tardón realizó la petición telefónica diez días después de ordenar el análisis policial, impidiendo que el documento llegara al Ministerio del Interior. Esta acción ha provocado un nuevo choque entre la justicia y el gobierno en relación con la gestión de la información sensible. La decisión de la jueza plantea interrogantes sobre la transparencia y el control de la información en el ámbito judicial. El contenido específico del informe no ha sido revelado, alimentando la especulación sobre las razones detrás de la solicitud de secreto. La situación podría derivar en un debate más amplio sobre los límites de la autoridad judicial en el acceso a la información policial.