Una jueza federal ha bloqueado la implementación de una base de datos de ciudadanía promovida por la administración Trump. La base de datos, que recopilaba información sobre la ciudadanía de los votantes, generó preocupación por su potencial uso para purgas de votantes y la posible supresión del derecho al voto. La decisión judicial argumenta que la base de datos podría ser utilizada de manera indebida en los padrones electorales, comprometiendo la privacidad de los ciudadanos. Se temía que la información recopilada incluyera datos privados sensibles, vulnerables a filtraciones y usos no autorizados. La administración Trump había justificado la creación de la base de datos como una medida para combatir el fraude electoral, aunque no se presentaron pruebas significativas de fraude generalizado. La resolución judicial representa un revés para los esfuerzos de la administración anterior en materia de políticas migratorias y electorales.