El Consejo de Ministros italiano aprobó el 5 de febrero un decreto de seguridad que incluye la controvertida norma conocida como "escudo penal" para las fuerzas del orden. Esta medida busca proteger a los agentes de posibles acciones legales derivadas de sus intervenciones. La norma, aún sujeta a debate, establece una cierta inmunidad penal para los policías que actúen en cumplimiento de su deber. Las críticas se centran en la posibilidad de que este “escudo” fomente abusos de poder y dificulte la rendición de cuentas. Los defensores argumentan que busca proteger a los agentes en situaciones de riesgo y agilizar su trabajo. El decreto ha generado un intenso debate político y jurídico en Italia sobre los límites de la autoridad policial y los derechos de los ciudadanos. Se espera que su implementación sea observada de cerca por organizaciones de derechos humanos y la oposición.