El gobierno israelí, liderado por Benjamin Netanyahu, podría ejecutar a palestinos condenados por terrorismo tras la reciente aprobación de una ley que permite la pena de muerte. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha mostrado públicamente el lugar donde se llevarían a cabo las ejecuciones, generando controversia internacional. La ley, sin embargo, no se aplica a extremistas judíos, lo que ha suscitado acusaciones de discriminación. Ben-Gvir, conocido por sus posturas de extrema derecha, ya había defendido previamente “asesinatos selectivos” nocturnos. La medida intensifica aún más las tensiones en la región y genera preocupación por posibles represalias. Organizaciones de derechos humanos han condenado la aprobación de la ley y anticipan posibles desafíos legales. Este desarrollo marca un endurecimiento significativo en la política israelí hacia los palestinos.