El parlamento iraní aprobó un proyecto de ley que criminaliza cualquier forma de comunicación con medios de comunicación que las autoridades iraníes consideran "hostiles". Esta categorización incluye a medios afiliados a Estados Unidos e Israel, o aquellos que reciben financiación de estos países. La ley, publicada por el periódico iraní “Shargh”, considera delito realizar entrevistas o cualquier tipo de contacto con estos medios. El proyecto aún requiere la revisión del Consejo de Guardianes de la Constitución para su aprobación final. Esta medida intensifica las restricciones a la libertad de prensa y la expresión en Irán. Las críticas señalan que la ley busca silenciar las voces disidentes y controlar la narrativa informativa, limitando el acceso a información independiente. Se teme que esta legislación tenga un impacto negativo en periodistas y activistas.