Las autoridades costarricenses, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y la Municipalidad, niegan responsabilidad ante la creciente crisis vial. La situación ha generado incertidumbre y frustración entre los ciudadanos, quienes se preguntan quién asumirá las soluciones. Esta falta de atribución de responsabilidad agrava el problema de infraestructura y mantenimiento de las carreteras. La declaración de las autoridades contrasta con la percepción pública de una necesidad urgente de acción. El estado de las vías ha provocado quejas constantes y pone en riesgo la seguridad de los conductores. La situación actual plantea interrogantes sobre la coordinación y la inversión en infraestructura vial del país.