Una política de compras gubernamentales australiana destinada a beneficiar a empresas indígenas ha sido objeto de críticas tras una década de implementación. Se han invertido cerca de 15 mil millones de dólares a través de esta política, pero los críticos argumentan que no ha logrado un impacto significativo en las comunidades indígenas. El problema central reside en la práctica del “black cladding”, que consiste en que empresas no indígenas se hagan pasar por propiedad indígena para acceder a los contratos. Esta práctica diluye los beneficios destinados a las empresas y comunidades originarias. Expertos señalan que la falta de transparencia y mecanismos de verificación efectivos han permitido la proliferación de este fraude. La política, originalmente concebida para cerrar la brecha económica, es ahora acusada de crear una “generación robada económica” al no cumplir sus objetivos. Se exige una revisión exhaustiva de la política y mayores controles para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente deben beneficiarse.