El Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha recordado que los propietarios de construcciones ilegales adyacentes a las carreteras serán responsables de financiar su propia demolición. Esta medida busca abordar la proliferación de edificaciones no autorizadas a lo largo de las vías públicas. Anteriormente, los costos de demolición corrían a cargo del erario público, generando una carga financiera para el Estado. Ahora, la responsabilidad recae directamente sobre quienes realizaron las construcciones sin los permisos correspondientes. La decisión busca disuadir la construcción ilegal y garantizar el cumplimiento de las normativas urbanísticas. Las autoridades competentes están preparando un censo de estas construcciones para iniciar el proceso de notificación y posterior demolición a cargo de los propietarios. Se espera que esta política tenga un impacto significativo en la regulación del espacio público y la seguridad vial.