La Institución Educativa 1071 Alfonso Ugarte, en Lima, está bajo escrutinio por cuestionables contratos de alquiler y el pago excesivo de servicios públicos. Lo que inicialmente se presentó como una “donación” de terrenos resultó en un contrato de alquiler directo con la empresa donante. En 2025, el Estado pagó cerca de medio millón de soles por los servicios de agua y energía eléctrica, mientras que los alquileres mensuales representan solo una quinta parte de ese monto. El Ministerio de Educación, liderado por José Antonio Chang, la Dirección Regional de Lima Metropolitana (DRELM) y la Unidad de Gestión Educativa Local 03 (UGEL 03) enfrentan interrogantes sobre la supervisión y el manejo de los fondos públicos en esta institución. La situación ha generado preocupación sobre la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos destinados a la educación en la región de Lima. El caso fue publicado inicialmente por Lima Gris, exigiendo una intervención y explicación por parte de las autoridades educativas.