El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha acusado al Tribunal Penal Internacional (TPI) de corrupción generalizada y tráfico de influencias. Según Maxim Musikhin, director del departamento legal del ministerio, la financiación del TPI a través de contribuciones voluntarias de los estados equivale a sobornos. Musikhin argumenta que esta práctica compromete la independencia e imparcialidad del tribunal. La declaración rusa sugiere que la dependencia financiera del TPI permite a los estados donantes influir en los procesos judiciales. Estas acusaciones se producen en un contexto de tensiones entre Rusia y el TPI, especialmente en relación con investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra. Moscú no reconoce la jurisdicción del TPI y ha criticado repetidamente sus investigaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso califica la situación como "escandalosa".