El Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro, liderado por Péter Szijjártó durante la pandemia, enfrenta una denuncia penal relacionada con adquisiciones públicas por valor de 300 mil millones de florines (aproximadamente 770 millones de euros). La denuncia, presentada por la oposición, alega irregularidades en la contratación de empresas para suministros relacionados con la COVID-19. Se investigan posibles casos de corrupción y conflicto de intereses en los procesos de licitación. La oposición argumenta que los contratos se otorgaron sin la debida transparencia y a precios inflados. Las autoridades competentes deberán investigar a fondo las acusaciones y determinar si hubo alguna actuación indebida. Este caso podría tener importantes implicaciones políticas para el gobierno húngaro. La gravedad de las acusaciones pone en tela de juicio la gestión de los fondos públicos durante la crisis sanitaria.