Una trabajadora social musulmana se vio negada una licencia de armas debido a que llevaba hijab en la fotografía de su solicitud. La decisión ha generado controversia, especialmente considerando el reciente aumento de incidentes violentos contra trabajadores sociales en ejercicio de sus funciones. La solicitante busca ahora el apoyo del Comité Parlamentario de Policía para apelar la decisión, argumentando discriminación religiosa. Considera que el hijab no representa una amenaza para la seguridad pública ni afecta su capacidad para manejar un arma de fuego de manera responsable. Este caso plantea preguntas sobre la interpretación de las regulaciones de licencias de armas y el respeto a la libertad religiosa. La mujer espera que su caso siente un precedente para evitar futuras discriminaciones similares.