Organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos en Filipinas instan al Senado a posponer los proyectos de ley contra la desinformación actualmente en debate. Argumentan que estos proyectos replican lenguaje de la polémica Ley Antiterrorista, otorgando al gobierno facultades susceptibles de abuso. Temen que tales poderes puedan ser utilizados para silenciar a la oposición y restringir la libertad de expresión, independientemente de quién ostente el cargo. Los críticos advierten que las disposiciones de estas leyes podrían interpretarse ampliamente, afectando negativamente el periodismo independiente y el discurso público. Se solicita al Congreso reconsiderar la legislación y proteger los derechos fundamentales. La preocupación central radica en el potencial de “armar” estas leyes contra quienes disienten del gobierno.