El debate sobre la responsabilidad penal de los ministros ha cobrado fuerza en Grecia. Se critica duramente el uso actual de la ley, que a menudo actúa como un escudo contra la justicia. El objetivo es romper con el régimen de "inmunidad permanente" que protege a los cargos públicos. Para ello, se toma como referencia el ejemplo europeo, específicamente el caso de Nicolas Sarkozy en Francia. La propuesta busca que los políticos sean perseguidos por sus delitos al igual que cualquier ciudadano. De este modo, se pretende garantizar que el ejercicio del poder no exima de la responsabilidad legal. Esta medida representaría un cambio significativo en la cultura judicial y política del país.