En 1982, Grecia derogó una ley arcaica que penalizaba la infidelidad. Anteriormente, la infidelidad era considerada un delito, lo que llevaba a arrestos en flagrancia y a la contratación de detectives privados para reunir pruebas. La ley generaba situaciones de escarnio público y vulneraciones a la privacidad. La derogación marcó un hito en la modernización del código penal griego y la protección de la vida privada. Este cambio legislativo eliminó las sanciones penales para la infidelidad, enfocándose en las consecuencias civiles que podrían surgir de una ruptura matrimonial. La abolición puso fin a prácticas consideradas inhumanas y desproporcionadas en una sociedad democrática.