El gobierno ha fortalecido la ley de contratación pública con el objetivo de combatir la corrupción y mejorar la eficiencia. La reforma introduce sanciones más severas para el mal uso de fondos públicos, buscando una mayor transparencia y responsabilidad en el gasto estatal. Uno de los cambios más significativos es la sustitución del sistema de licitación de menor precio por un método de oferta promedio, lo que se espera que impulse una mejor calidad en los bienes y servicios adquiridos. Esta modificación pretende evitar que se prioricen únicamente los precios bajos en detrimento de la calidad y la sostenibilidad. Además, la nueva ley busca acelerar los procesos de licitación, reduciendo los tiempos de espera y facilitando la participación de más empresas. Se espera que estas medidas contribuyan a optimizar la gestión de los recursos públicos y fomentar la competencia leal entre proveedores. El gobierno confía en que esta normativa fortalecerá la confianza ciudadana en la administración pública.