Investigaciones sobre el crimen de Garlasco revelan que ciertas pruebas líquidas fueron eliminadas en 2016. La destrucción fue ordenada por el coronel Marino del RIS de Parma antes de recibir la aprobación de las autoridades judiciales. Esta autorización no llegó hasta febrero de 2022, lo que plantea serias preguntas sobre la integridad de la evidencia. El incidente podría haber comprometido la investigación en curso. Las autoridades están investigando las razones detrás de esta decisión prematura y sus posibles implicaciones en el caso. Este descubrimiento reabre viejas heridas y genera incertidumbre sobre el futuro del proceso judicial.