La presidenta Keiko Fujimori ha decidido mantener a su ministro de Cultura en el cargo a pesar de las acusaciones de nepotismo relacionadas con la contratación de exmiembros de su partido político, el PPC. Esta decisión desestima la posibilidad de un cambio de gabinete a corto plazo. A pesar de que la Fiscalía Anticorrupción continúa investigando las contrataciones, Fujimori ha optado por respaldar públicamente a su ministro. Analistas políticos cuestionan esta estrategia, sugiriendo que un reemplazo temporal habría permitido una investigación más transparente. La presidenta asume así el costo político del primer escándalo de su gobierno, priorizando aparentemente la lealtad al ministro sobre la percepción de imparcialidad. Esta acción genera interrogantes sobre la voluntad del gobierno de cooperar plenamente con las investigaciones en curso y su compromiso con la transparencia.