Un joven abogado fue excluido del proceso de selección del Ministerio de Relaciones Exteriores a pesar de haber superado todas las pruebas. La exclusión se basa, según el candidato, en un informe de seguridad desfavorable. Dicho informe detalla su participación en actividades asociativas, contactos políticos y publicaciones críticas hacia el presidente. El candidato denuncia una posible discriminación política y una vulneración de la libertad de expresión. Este caso plantea interrogantes sobre los criterios de seguridad utilizados en los procesos de contratación pública. El ministerio aún no ha emitido una declaración oficial sobre el asunto. La situación ha generado debate sobre la legitimidad de evaluar opiniones políticas en la función pública.