Una ejecutiva argelina con un salario de 4.000€ y una larga trayectoria en Francia vio rechazada su solicitud de un certificado de residencia de 10 años. Esta decisión ignoraba las disposiciones del acuerdo franco-argelino de 1968 sobre inmigración. La mujer, a pesar de su posición como alto cargo en el sector automotriz, recurrió a la justicia administrativa. El tribunal falló a su favor, revocando la denegación inicial. Este caso destaca las dificultades que aún enfrentan algunos residentes para obtener un estatus legal en Francia. La decisión judicial reafirma la importancia del acuerdo bilateral en la protección de los derechos de los inmigrantes. El incidente subraya la necesidad de una aplicación justa y consistente de las leyes de inmigración.