La ley climática francesa, promulgada en agosto de 2021 como respuesta a las propuestas de la Convención Ciudadana para el Clima, enfrenta un quinto aniversario agridulce. Originalmente destinada a impulsar la descarbonización de Francia, la legislación ha sufrido continuos debilitamientos y anulaciones de sus principales disposiciones. Prácticamente todas las medidas propuestas han sido desmanteladas, generando frustración entre los defensores del medio ambiente y cuestionamientos sobre el compromiso del gobierno con la transición ecológica. Este retroceso legislativo plantea serias dudas sobre la capacidad de Francia para alcanzar sus objetivos climáticos a largo plazo. Las críticas se centran en la influencia de grupos de presión y la priorización de intereses económicos sobre la protección ambiental. La situación actual revela una brecha significativa entre las aspiraciones de la Convención Ciudadana y la implementación real de políticas climáticas efectivas. La ley, que prometía un cambio radical, se ha convertido en un símbolo de promesas incumplidas.