Un acuerdo entre Francia y el Reino Unido, con una inversión superior a 760.000 euros, permitirá a las autoridades francesas emplear cañones de agua y gas lacrimógeno para controlar a los migrantes. La medida busca reforzar la seguridad en las fronteras y disuadir los intentos de cruce irregular. Organizaciones humanitarias han expresado su profunda preocupación ante esta decisión, denunciando una escalada en la violencia estatal y posibles violaciones a los derechos humanos. El acuerdo ha generado controversia debido a las implicaciones éticas y legales del uso de estas herramientas de control. Las autoridades francesas justifican la medida como necesaria para mantener el orden público y proteger sus fronteras. Se espera que la implementación de este protocolo aumente la tensión en las zonas fronterizas y afecte a los migrantes que buscan ingresar al Reino Unido. La oposición critica la falta de transparencia en los términos del acuerdo.