El exministro de Justicia de Corea del Sur, Park Sung-jae, ha sido condenado a 25 años de prisión en primera instancia por su participación en la ley marcial de diciembre de 1979, conocida como el incidente 12·3. La sentencia es cinco años más severa que la solicitada por la fiscalía. Park fue acusado de colaborar con la imposición de la ley marcial, un período de represión política tras el asesinato del presidente Park Chung-hee. El tribunal consideró probada su implicación en las acciones represivas del régimen militar. La sentencia representa un hito en los esfuerzos por investigar y juzgar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la era de la dictadura militar en Corea del Sur. Se espera que la defensa presente apelación ante esta decisión judicial. El caso ha generado atención pública debido a la relevancia histórica de los hechos y la figura del acusado.