Más de 30 colectivos feministas han manifestado su rechazo a modificaciones propuestas en la reforma del Código de Procedimiento Penal (CPP). Las organizaciones denuncian que estos cambios permitirían a la defensa solicitar medidas de incautación, lo que consideran una forma de coacción estatal que revictimiza a las personas afectadas. Según declaraciones del catedrático Gabriel Valentín, estas modificaciones podrían ejercer presión sobre las víctimas para que declaren en contra de sus agresores. Las colectivas argumentan que la reforma debilita los mecanismos de protección a las víctimas y favorece la impunidad. Consideran que la posibilidad de incautación, solicitada por la defensa, altera el equilibrio de poder en los procesos judiciales. Las organizaciones exigen la reconsideración de estos cambios para garantizar la protección de los derechos de las víctimas y evitar la revictimización. La preocupación central radica en el potencial abuso de poder que estas modificaciones podrían generar.