El gobierno está implementando cambios rápidos en los procesos de aprobación de proyectos para permitir que los ayuntamientos recuperen los costos de infraestructura asociados al desarrollo. Esta medida busca asegurar que el crecimiento urbano no sobrecargue los recursos públicos locales. Actualmente, existen más de 200 solicitudes de aprobación acelerada ya presentadas. Se argumenta que los promotores de estos proyectos también deberían contribuir en mayor medida a financiar la infraestructura necesaria. La modificación agilizará los procesos, pero conlleva la expectativa de una mayor participación financiera del sector privado. Analistas sugieren que esta estrategia podría aliviar la presión sobre los presupuestos municipales y fomentar un desarrollo más sostenible. La implementación de estos cambios busca equilibrar el crecimiento con la responsabilidad fiscal local.