La reciente elección de jueces para el Tribunal Constitucional (TC) en Portugal ha generado debate, especialmente por la inclusión de un candidato propuesto por el partido de extrema derecha Chega. Se cuestiona si esta designación pone en riesgo la estabilidad democrática del país o, por el contrario, representa una mayor pluralidad en la institución. La polémica surge en un contexto de creciente influencia de la extrema derecha en el panorama político portugués. Paralelamente, se ha modificado la normativa relativa al apoyo social, vinculándolo ahora a la exigencia de actividad laboral. Esta nueva medida busca reformar el sistema de asistencia social, condicionando su recepción al compromiso con el empleo. El debate sobre estas dos cuestiones –la composición del TC y la reforma del apoyo social– domina la agenda política actual en Portugal.