Roman Cabanac, quien argumentaba haber sido despedido injustamente y buscaba una compensación de R5 millones, sufrió un revés legal. Su demanda se basaba en la alegación de que su despido fue resultado de presiones políticas relacionadas con su nombramiento. Sin embargo, el caso colapsó debido a una decisión relacionada con su autorización de seguridad. La falta de dicha autorización, aparentemente, fue determinante en el fallo. Cabanac buscaba resarcimiento por daño a su reputación y pérdida de ingresos. El tribunal no consideró probada su versión de presiones políticas. La decisión judicial cierra este capítulo en la disputa laboral de Cabanac.