Francia y España han manifestado su firme rechazo a la nueva legislación europea sobre el retorno de migrantes. Ambos países han dejado claro que no crearán centros de detención en terceros países, lo que genera una profunda fractura dentro de la Unión Europea. Esta postura se alinea con las preocupaciones expresadas por la Organización de las Naciones Unidas respecto a la legalidad de tales medidas. El conflicto surge por la implementación de normativas que buscan externalizar la gestión migratoria. La negativa de Macron y Sánchez pone en duda la cohesión del bloque en materia de control fronterizo. El debate se centra ahora en la viabilidad de estas políticas de repatriación forzosa. Finalmente, la presión internacional aumenta sobre la UE para garantizar el respeto a los derechos humanos.