Un informe de auditoría ha revelado que la policía no tomó medidas sobre más de 10.000 denuncias de delitos graves durante el año 2024. Esta cifra representa aproximadamente una cuarta parte del total de las denuncias de esta naturaleza recibidas. El documento señala una falta de acción sistemática en una cantidad considerable de casos críticos. La auditoría pone de manifiesto deficiencias operativas en la gestión de los reportes policiales. Se cuestiona la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad ante crímenes de alta prioridad. El hallazgo sugiere la necesidad de revisar los protocolos de seguimiento de denuncias. Este escenario plantea preocupaciones sobre la impunidad y la seguridad pública. El informe insta a implementar medidas correctivas para evitar que nuevos casos queden sin investigar.