La mayoría de los municipios neerlandeses se muestran dispuestos a cumplir con la nueva ley de distribución de solicitantes de asilo, aunque con reservas significativas. Un análisis de los primeros 212 acuerdos de coalición post-elecciones municipales revela que solo once municipios anuncian una oposición más firme, pero incluso estos anticipan la eventual necesidad de acatar la legislación. Los municipios, en general, exigen condiciones para la implementación, priorizando centros de acogida a pequeña escala y la participación ciudadana en la selección de ubicaciones. Algunos expresan preferencias sobre el perfil de los solicitantes, favoreciendo a familias con niños. Existe una queja recurrente sobre la falta de solidaridad de otros municipios en la acogida de asilados, argumentando que asumir más responsabilidad podría recompensar la inacción de otros. Municipios como Maassluis y Hardenberg se oponen abiertamente, buscando los límites legales para evitar la acogida o presionando para el cierre de centros existentes. A pesar de la resistencia, la tendencia general indica un cumplimiento, aunque poco entusiasta, de la ley de distribución.