Pedro González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, señala que las alteraciones económicas y estructurales provocadas por el terremoto del 24 de junio dificultan la evaluación precisa del efecto de la nueva Ley de Arrendamiento. La principal barrera, según Travieso, es la profunda desconfianza existente en las instituciones venezolanas. Esta falta de confianza disuade a los propietarios de inmuebles de ofrecerlos en alquiler, temiendo que puedan perder el control de sus propiedades. La incertidumbre post-terremoto agrava esta situación, complicando aún más la implementación de la ley. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela considera que, sin restaurar la confianza y estabilizar la economía, la ley no podrá cumplir sus objetivos. La situación actual presenta un desafío significativo para el mercado inmobiliario venezolano.