La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Cruz Roja han reafirmado que los cadáveres resultantes de desastres naturales generalmente no suponen una amenaza para la salud pública. Estas directrices, establecidas desde 2023, buscan desmitificar la creencia común sobre el riesgo de epidemias asociadas a los fallecidos en estas situaciones. Las organizaciones explican que los riesgos sanitarios en desastres suelen provenir de otras fuentes, como la falta de agua potable o el hacinamiento. La información se ha vuelto particularmente relevante en el contexto de recientes tragedias. Las guías enfatizan la importancia de priorizar la gestión con dignidad y respeto hacia los fallecidos, en lugar de implementar medidas costosas e innecesarias basadas en temores infundados. Se busca así optimizar los recursos y centrarse en las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.