El gobierno danés anterior, en sus últimos días en el poder, firmó un contrato por más de 900 millones de coronas danesas con una empresa privada para proporcionar vuelos a altos funcionarios gubernamentales. Este acuerdo, con una duración potencial de hasta diez años, ha suscitado críticas por su conveniencia y transparencia. Laura Horn, activista y profesora, considera que el contrato debería ser reexaminado. La operación se realizó poco antes de la transición de gobierno, lo que ha alimentado las dudas sobre el proceso de adjudicación. Se cuestiona la necesidad de un contrato tan extenso y costoso con un proveedor privado. La situación plantea interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos y la rendición de cuentas en la administración danesa.