Dinamarca tiene planes de implementar campos de deportación para solicitantes de asilo cuyos pedidos hayan sido denegados a partir de 2027. El gobierno danés busca una solución para aquellos que no pueden ser devueltos a sus países de origen debido a riesgos de seguridad o falta de cooperación de los países en cuestión. Estos campos, ubicados fuera de Dinamarca, servirían como centros de contención mientras se gestiona su salida. La intención es disuadir la inmigración ilegal y agilizar el proceso de deportación. La medida ha generado controversia y críticas por posibles violaciones a los derechos humanos. El gobierno insiste en que se respetarán las leyes internacionales, aunque la implementación plantea desafíos logísticos y éticos significativos.