José Miguel Delpiazzo brindó detalles sobre las gestiones contractuales relacionadas con el astillero Cardama. Según su testimonio, a finales de agosto de 2024 se solicitó la redacción de un documento específico de "no entrada en vigor". Esta medida tenía como objetivo evitar que el acuerdo se ejecutara debido a la demora del astillero en presentar un aval válido. La acción respondía a la necesidad de proteger la operación frente a la ausencia de garantías financieras sólidas. El proceso se vio afectado por la posterior aparición de una garantía que resultó ser falsa. Delpiazzo confirmó que la intención de la defensa era suspender la vigencia del contrato antes de que surgiera dicho engaño. Este hecho pone de relieve las irregularidades en la constitución de los avales requeridos para el proyecto.