El gobierno de Petr Fiala (ODS) debilitó silenciosamente una medida anticorrupción que había estado vigente en la República Checa desde 2013. Esta modificación permitió a algunos ministros del anterior gobierno de Andrej Babiš (ANO) no revelar la lista de sus asesores y sus remuneraciones este año. La divulgación de esta información se pospone ahora hasta febrero del próximo año. La organización anticorrupción Transparency International ha criticado duramente esta situación, señalando un retroceso en la transparencia gubernamental. La medida original buscaba asegurar la rendición de cuentas en el gasto público y la gestión de los asuntos del Estado. Al debilitarla, se abren interrogantes sobre la posible influencia indebida de asesores no declarados. Este cambio ha generado controversia y preocupación por la transparencia en la administración pública checa.