Costa Rica enfrenta una creciente preocupación por la posible erosión de su seguridad jurídica. La situación se agrava por la actitud de figuras prominentes, incluyendo la Presidenta y un líder legislativo del Partido Pueblo Soberano, quienes parecen restar importancia al orden constitucional. Esta falta de respeto al marco legal genera incertidumbre y desconfianza en las instituciones. Se suman a estas preocupaciones incidentes ocurridos durante la administración anterior, amplificando el problema. La erosión de la seguridad jurídica amenaza la estabilidad y el buen funcionamiento del Estado de Derecho. Es imperativo que las autoridades refuercen el compromiso con el orden constitucional para preservar la confianza ciudadana. El debate sobre este tema es crucial para el futuro de la democracia costarricense.